Normativa IGB SALTOKI
4. Una vez realizado el pago de lo adeudado por el consumidor al que se le ha suspendido el suministro, le será repuesto este de inmediato. Artículo 89. Normas técnicas y de seguridad de las instalaciones 1. Las instalaciones de producción, regasificación, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles gaseosos, instalaciones receptoras de los usuarios, los equipos de consumo, así como los elementos técnicos y materiales para las instalaciones de combustibles gaseosos deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, sin perjuicio de lo previsto en la normativa autonómica correspondiente. 2. Las reglamentaciones técnicas en la materia tendrán por objeto: a) Proteger a las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes que puedan resultar afectados por las instalaciones. b) Conseguir la necesaria regularidad en los suministros. c) Establecer reglas de normalización para facilitar la inspección de las instalaciones, impedir una excesiva diversificación del material y unificar las condiciones del suministro. d) Obtener la mayor racionalidad y aprovechamiento económico de las instalaciones. e) Incrementar la fiabilidad de las instalaciones y la mejora de la calidad de los suministros de gas. f) Proteger el medio ambiente y los derechos e intereses de consumidores y usuarios. g) Conseguir los niveles adecuados de eficiencia en el uso del gas. 3. Sin perjuicio de las restantes autorizaciones reguladas en el presente Título y a los efectos previstos en el presente artículo, la construcción, ampliación o modificación de instalaciones de gas requerirá la correspondiente autorización administrativa en los términos que reglamentariamente se disponga. Las ampliaciones de las redes de distribución, dentro de cada zona autorizada, podrán ser objeto de una autorización conjunta para todas las proyectadas en el año. Artículo 90. Cobertura de riesgos El Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, adoptará las medidas e iniciativas necesarias para que se establezca la obligatoriedad de la cobertura de los riesgos que, para las personas y bienes, puedan derivarse del ejercicio de las actividades reguladas en el presente Título.
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