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red seguridad segundo trimestre 2017 9

administración pública

entrevista

nes, la seguridad de las personas y la

continuidad de negocio, la seguridad

de las redes y sistemas de informa-

ción, por lo que enlaza a su vez con

el objeto y espíritu de la Directiva NIS.

En las reuniones y foros a nivel

europeo e internacional en los que

participa el CNPIC se ha podido

evidenciar la existencia de un claro

reconocimiento de otros estados y

organizaciones internacionales hacia

España por el grado de avance y

madurez del Sistema PIC, el cual tiene

su máximo exponente en la colabo-

ración público-privada que estamos

sabiendo implantar en nuestro país en

materia de seguridad.

La consecución de un escenario de

colaboración público-privada eficaz

como el que tenemos no es una tarea

fácil, ni rápida: se basa en aspectos

tan esenciales como lograr una con-

fianza mutua entre los operadores

y la Administración, la implantación

de la conciencia de responsabilidad

compartida en materia de seguridad

por todos los agentes integrantes

del sistema, y una planificación de la

seguridad a nivel estratégico y ope-

rativo donde cada agente tenga su

ámbito de actuación.

Es indudable que la colaboración

internacional y el intercambio de infor-

mación entre Estados en materia de

protección de infraestructuras críticas

es vital frente a las amenazas, entre

las que destaca la del terrorismo.

El año 2017 es especial para la

protección de las infraestructuras crí-

ticas española, ya que se cumplen 10

años de la puesta en funcionamiento

de todo este sistema a través de un

Acuerdo del Consejo de Ministros de

2 de noviembre de 2007. Por ello,

quiero aprovechar la ocasión para

felicitar a la Secretaría de Estado de

Seguridad como responsable máxi-

mo del citado sistema, a través del

CNPIC, y agradecer a los más de cien

operadores críticos y otros agentes

públicos y privados que forman parte

de este sistema, por su colaboración

y apoyo, sin el cual no hubiera sido

posible adquirir este grado de avance.

Lea la entrevista íntegra al ministro

del Interior en el número 443 (junio)

de la revista SEGURITECNIA.

Desde el Ministerio del Interior valo-

ramos este instrumento normativo

de manera muy positiva, ya que va a

contribuir a garantizar aún más la con-

tinuidad de los servicios esenciales

para los ciudadanos que se asientan

sobre las redes y los sistemas de

información, y a reforzar el concepto

de seguridad integral acuñado desde

hace años por este ministerio.

Para la transposición de esta direc-

tiva a nuestro ordenamiento jurídico,

se ha constituido un grupo de trabajo

dirigido y coordinado por el Ministerio

de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El Ministerio del Interior forma parte

activa de este Grupo de Trabajo

a través del CNPIC, adscrito a la

Secretaria de Estado de Seguridad.

Los trabajos siguen la planificación

estimada y pronto habrá un primer

borrador de la norma de transposi-

ción. Estamos dentro del plazo de

transposición fijado por la Comisión

Europea de mayo de 2018.

Creemos que es crucial que la nueva

norma que transponga esta direc-

tiva esté alineada con la normativa

sobre Protección de Infraestructuras

Críticas (PIC) con el objeto de evitar

una inseguridad jurídica innecesaria

sobre los sujetos obligados, principal-

mente aquellos operadores esencia-

les, coincidentes en su mayoría con

operadores críticos, ya que gran parte

del trabajo que exige esta directiva ya

está siendo abordado y desarrollado

por la legislación PIC española.

La directiva afecta principalmen-

te a las infraestructuras estraté-

gicas y críticas. España ha avan-

zado mucho en la protección de

éstas últimas desde la creación del

Sistema PIC. ¿En qué posición nos

encontramos en esta materia en

comparación con nuestros princi-

pales socios europeos?

España es uno de los países más

avanzados en Europa en materia de

protección de infraestructuras críticas,

sobre el concepto de seguridad inte-

gral al que hacía referencia hace unos

instantes, y que cuando se impulsó

desde el Ministerio del Interior era

prácticamente inédito en el continen-

te. Este concepto engloba, además

de la seguridad física de las instalacio-

de una labor continuada en el tiempo

y de colaboración internacional.

En el caso de España, desde el

Ministerio del Interior se han llevado

a cabo importantes avances en la

materia, entre los que cabe destacar:

Por un lado, la Instrucción del

Secretario de Estado de Seguridad

para el establecimiento de un proto-

colo de colaboración entre el CITCO

[Centro de Inteligencia contra el

Terrorismo y el Crimen Organizado]

y el CNPIC [Centro Nacional para

la Protección de las Infraestructuras

Críticas] para el intercambio de infor-

mación, análisis y evaluación de la

amenaza terrorista en materia de pro-

tección de infraestructuras críticas.

Por otro, la creación de la OCC

como órgano técnico de coordinación

en ciberseguridad de la Secretaría de

Estado de Seguridad.

En tercer lugar, la creación, en

2013, del CERTSI, que da servicio a

los operadores estratégicos y al sec-

tor privado, aunando esfuerzos de la

Secretaría de Estado para la Sociedad

de la Información y la Agenda Digital

del Ministerio de Energía, Turismo y

Agenda Digital, a través del Instituto

Nacional de Ciberseguridad (Incibe),

y de la Secretaría de Estado de

Seguridad, a través del CNPIC.

También la actualización del

Plan Nacional de Protección de

Infraestructuras Críticas, que incluye

la necesidad de incorporar medidas

de ciberseguridad.

Asimismo, otro avance ha sido la

Instrucción por la que se regula la

coordinación en materia de ciberse-

guridad, incluyendo la capacidad de

respuesta durante las 24 horas del día

los siete días de la semana.

Por último, hemos llevado a cabo

el fortalecimiento de las capacida-

des humanas y tecnológicas de las

Unidades de las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad del Estado dedicadas

al ciberterrorismo y a la ciberdelin-

cuencia.

Europa acaba de aprobar la

Directiva NIS para lograr un nivel

mínimo de ciberseguridad en todos

los Estados Miembros. ¿Cómo

valora esta norma y cómo avanza

España en su cumplimiento?