LA CRISIS DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE - page 97

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Conclusión
Las consecuencias del comercio ilegal de fauna y flora silvestres abarcan efectos ambientales, sociales
(incluso de seguridad) y económicos, que también afectan a la base de recursos de las comunidades
locales y tienen como consecuencia el robo del capital natural en el contexto nacional. Por lo tanto, el
comercio ilegal de fauna y flora silvestres constituye una barrera para el desarrollo sostenible, lo que
implica una compleja combinación de gobernanza ambiental débil, comercio no sujeto a regulación,
lagunas y sistemas de blanqueo empleados para llevar a cabo graves delitos transnacionales y socavar las
instituciones gubernamentales y el negocio legítimo.
El comercio ilegal de fauna y flora silvestres implica a una amplia
variedad de especies de fauna y flora en todos los continentes. Tanto
el ritmo de crecimiento como el nivel de sofisticación y el carácter
global de los delitos forestales y contra la flora y fauna silvestres
sobrepasan la capacidad que tienen numerosos países y organiza-
ciones individuales para abordarlos. El comercio ilegal de fauna y
flora silvestres no solo constituye un sector delictivo muy importante,
que engloba la delincuencia organizada, los conflictos violentos y el
terrorismo, sino que también conlleva pobreza y dificultades para
el desarrollo y la gobernanza. Resulta especialmente relevante la
creciente participación de las redes de delincuencia organizada
transnacional en el comercio ilegal de fauna y flora silvestres, así
como su importante impacto sobre el medio ambiente y el desarrollo
sostenible. Las actuales tendencias señalan que debe otorgarse prio-
ridad al comercio ilegal de carbón vegetal y otros productos fores-
tales (incluidos el papel, la madera y la pulpa, así como las especies
amenazadas de gran valor como el palo de rosa, el ciruelo africano
y la caoba salvaje), como también al comercio ilegal que se deriva
de varios mamíferos carismáticos (sobre todo los tigres, elefantes y
rinocerontes, entre otros) y muchas otras especies entre las que se
incluyen los tiburones, las mantarrayas y el esturión, por mencionar
algunos. En este caso, la CITES sigue siendo la principal autoridad
encargada de controlar y hacer un seguimiento de este comercio.
Las respuestas al comercio ilegal de fauna y flora silvestres deben
reflejar las características diferenciadas y comunes de las distintas
cadenas de suministro, y reconocer que la demanda de los consumi-
dores sigue siendo el factor más importante del comercio ilegal de
fauna y flora silvestres. Los efectos económicos, sociales y ambien-
tales del comercio ilegal de fauna y flora silvestres únicamente
pueden abordarse de forma efectiva si se abordan los elementos de
oferta y demanda de la cadena, incluyendo elementos disuasorios,
de transparencia, claridad legal y cumplimiento de la ley, cambio de
comportamiento y desarrollo de medios de vida alternativos. Para ello
será necesario contar con la participación de las partes interesadas
tanto a nivel nacional como internacional, incluidos los sectores
ambiental, de cumplimiento de la ley y de desarrollo, así como las
partes interesadas relacionadas con misiones de seguridad y de
mantenimiento de la paz.
Tanto en el contexto nacional como regional, son numerosos los
firmes compromisos que se han formalizado con relación a los
diversos aspectos del comercio ilegal de fauna y flora silvestres, y
ahora es preciso que se adopten medidas inmediatas, decisivas y
colectivas para reducir la brecha que existe entre estos compromisos
—incluidos los formalizados con arreglo a los diversos acuerdos
ambientales multilaterales y los organismos de las Naciones
Unidas— y su aplicación. Para reducir el papel del comercio ilegal
de fauna y flora silvestres (sobre todo de carbón vegetal) en la finan-
ciación de los grupos armados no estatales y el terrorismo, es sobre
todo necesario reforzar la legislación, hacer cumplir la ley y generar
concienciación en materia ambiental, así como prestar apoyo a los
organismos encargados de esta labor.
Es necesario que el refuerzo de las medidas para hacer cumplir la
ley se vea complementado con iniciativas de concienciación y de
desarrollo más amplias. Hace falta un análisis más profundo de
los mercados de usuarios finales, así como el diseño, el apoyo y la
aplicación de campañas de concienciación de los consumidores de
forma sistemática. La sociedad civil y el sector privado desempeñan
un papel fundamental en estas iniciativas y también en algunos casos
para identificar alternativas a las demandas de productos de fauna y
flora silvestres comercializados ilegalmente por parte de los consu-
midores.
En el contexto internacional, proporcionar una respuesta exhaustiva
y coordinada en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas para
prestar apoyo a los planteamientos nacionales holísticos con el fin
de hacer frente al comercio ilegal de fauna y flora silvestres consti-
tuye un importante componente de la respuesta internacional. Esta
respuesta, con el apoyo adicional del sector encargado del cumpli-
miento de la ley, reforzaría aún más las iniciativas coordinadas con
relación a la legislación ambiental coherente, la mitigación de la
pobreza y el apoyo al desarrollo, la concienciación y la reducción de
la demanda.
Será fundamental contar con el apoyo de la comunidad de donantes
bilaterales e internacionales para que reconozcan y aborden el
comercio ilegal de fauna y flora silvestres como una grave amenaza
para el desarrollo sostenible, y para que apoyen los esfuerzos nacio-
nales, regionales y mundiales para la ejecución, aplicación y cumpli-
miento eficaces de medidas dirigidas a frenar el comercio ilegal de
especies de fauna y flora silvestres. Concretamente, es necesario
invertir con urgencia en campañas de reducción de la demanda,
así como en la creación de capacidades y apoyo tecnológico para
los organismos encargados del cumplimiento de las leyes que les
permitan seguir avanzando en la protección de poblaciones clave
de especies amenazadas por el comercio ilegal. Este apoyo debe ir
acompañado de iniciativas renovadas que refuercen una gestión
ambiental más amplia para el desarrollo sostenible.
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