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cación, a las empresas sospechosas de participar en la tala ilegal.
Esta asignación de riesgo se basaría en un protocolo estandari-
zado que emplearía toda una serie de métodos, incluidas audi-
torías periódicas de la integridad del programa de certificación,
estudios de huellas dactilares genéticas o isotópicas (Eurlings
et ál., 2010; Kagawa y Leavitt, 2010; Lowe et ál., 2010; Tnah et
ál., 2010a,b), la clasificación de la región de explotación según
la prevalencia de actividades ilegales y, quizás, hasta un control
basado en las imágenes de satélite (Broich et ál., 2011a,b). Una
analogía financiera serían las agencias de clasificación, como
Moody’s y Standard & Poor’s, que proporcionan clasificaciones
de empresas y países según su solvencia crediticia.

El gestor financiero, el Banco Central, tendría entonces que
calcular los beneficios de la cartera del Fondo descontando los
beneficios de las empresas en función del factor de riesgo. Un
factor de descuento similar podría aplicarse a los beneficios ob-
tenidos de las inversiones en empresas como BlackRock que, a
su vez, gestionan las inversiones en empresas que el Consejo
de Ética define como arriesgadas. La información sobre la expo-
sición de BlackRock y otros a empresas como Samling Global
se hace pública y se actualiza regularmente. Incluso si no fuera
así, un gran inversor como Noruega podría solicitar, a través de
una resolución de accionistas o de otro modo, que las empresas
hicieran pública dicha información.
Este enfoque no requiere ninguna negociación legislativa o in-
ternacional de calado. En Noruega, podría solicitarlo el Ministe-
rio de Finanzas, incluso haciendo referencia a una clasificación
internacional de riesgo de tala ilegal que podría elaborarse en
el marco del programa LEAF de INTERPOL y el PNUMA. Esto
no significa que la iniciativa contara con un gran apoyo, ya que
un elemento clave sería establecer un vínculo entre la remu-
neración de los gestores del Fondo en el Banco Central y los
beneficios ajustados al riesgo.
No obstante, si se aplicara, se logaría traducir el lenguaje de la
ética a unos términos comprensibles para el sistema financiero.