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En este capítulo se utiliza el ejemplo de un fondo de inversión consolidado, un fondo soberano de inver-
sión de Noruega, para ilustrar uno de los tipos de mecanismos de gobernanza con los cuales se intenta
limitar la inversión en empresas implicadas en la tala ilegal (o en otras actividades contrarias a las normas
sociales o medioambientales). Se proporciona una crítica del sistema y se proponen posibles mejoras.
LA FINANCIACIÓN DE LA
TALA ILEGAL Y EL BLANQUEO
DE BENEFICIOS
ELFONDOSOBERANODE INVERSIÓNNORUEGO
El ejemplo noruego es ilustrativo porque ejemplifica un enfoque
utilizado por muchos fondos a los que se exige que tengan en
cuenta factores medioambientales, sociales y de gobernanza en sus
inversiones. Es asimismo importante, ya que el fondo soberano
de Noruega es uno de los mayores del mundo, con activos por un
valor superior a los 550 000 millones de dólares americanos. Ade-
más, recientemente excluyó a una empresa de su cartera, Samling
Global, por sospechas de complicidad en actividades de tala ilegal.
El sistema noruego tiene tres elementos institucionales perti-
nentes. El primero es el Ministerio de Finanzas del país, que
es el responsable del fondo. Está asesorado por el segundo, un
órgano casi independiente llamado Consejo de Ética. El tercero
es una rama del Banco Central de Noruega, que se ocupa de la
gestión financiera del Fondo.
Tras un proceso de supervisión e investigación, el Consejo de
Ética puede recomendar la exclusión de una empresa al Ministe-
rio de Finanzas. A continuación, el Ministerio de Finanzas suele
consultar al Banco Central, y probablemente también a terceros,
antes de tomar una decisión. Si la decisión final es excluir a esa
empresa del fondo, el Banco Central dispone de unas semanas
para liquidar su posición antes de anunciarlo públicamente.
El anuncio de una exclusión puede facilitar una mayor concien-
ciación sobre una cuestión ética. Por ejemplo, en el año 2008,
Rio Tinto, una empresa minera de primer nivel, fue excluida
por su participación en la polémica empresa de extracción de
oro Grasberg, en la provincia indonesia de Papúa (Gobierno de
Noruega, 2008). El Fondo vendió acciones y títulos de Rio Tin-
to por un valor de aproximadamente mil millones de dólares, lo
que atrajo una gran cobertura mediática.
Sin embargo, más allá de la dimensión de las relaciones públi-
cas, este sistema de exclusión presenta numerosas fallas.
En primer lugar, la carga de prueba necesaria para que se consi-
dere que se causa un «grave daño medioambiental» (Gobierno
de Noruega, 2010a) es sumamente elevada, lo cual supone un
enorme desafío para una pequeña secretaría con fondos limita-
dos como es el Consejo de Ética, en particular si se contextualiza
dentro de las tareas de supervisión e investigación de los muchos
miles de empresas que componen la cartera tan diversificada del
Fondo. Se podría argumentar que el gestor del fondo, el Banco
Mundial, tiene mayor capacidad para identificar e investigar las
posibles violaciones de las directrices del Fondo. Por ejemplo, po-
dría encargarse esa tarea a los propios gestores de inversión, que
están en contacto cotidiano con los consejos de administración y
los equipos directivos de las empresas. No obstante, en realidad
no se han establecido los incentivos necesarios para motivar a
los gestores a investigar las irregularidades de las empresas, en
particular si ello pudiera incurrir en una reducción de la renta-
bilidad del Fondo y, por extensión, de su propia remuneración.
En segundo lugar, cuando se excluye a una empresa, hay pocas
pruebas que apunten a que el mercado lo acuse. Por ejemplo,
no parece que haya habido ningún cambio en los beneficios
arrojados por las acciones de la empresa atribuibles al anuncio