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Resumen
Los ecosistemas desempeñan un papel esencial, especialmente en las economías en desarrollo, dado que
generan ingresos, medios de subsistencia, oportunidades de desarrollo en el futuro e impulsan sectores de
recolección sostenible que dependen en gran medida de los recursos naturales, tales como la agricultura,
la industria forestal y el sector pesquero. Los ecosistemas saludables representan una plataforma sobre la
que se basan, en última instancia, las economías y la producción de alimentos en el futuro.
Sin embargo, las oportunidades aportadas por los ecosistemas en
materia de desarrollo futuro están amenazadas por una importante
delincuencia organizada contra el medio ambiente, transnacional
y cada vez más sofisticada, que socava los objetivos de desarrollo y la
buena gobernanza. Los delitos contra el medio ambiente organizados a
nivel transnacional pueden incluir la explotación forestal ilegal, la caza
furtiva y el tráfico ilegal de animales de todo tipo, la pesca furtiva, la
minería ilegal y el vertido ilegal de residuos tóxicos. Constituyen una
amenaza, que está creciendo con rapidez, para el medio ambiente, los
ingresos procedentes de recursos naturales, la seguridad de los Estados
y el desarrollo sostenible. Las estimaciones conjuntas de la OCDE, la
ONUDD, el PNUMA y la INTERPOL calculan que el valor monetario de
toda la delincuencia organizada contra el medio ambiente transnacional
asciende a entre 70 000 y 213 000 millones de dólares de los Estados
Unidos anuales. Este valor puede compararse con una cifra de ayuda al
desarrollo a nivel mundial de cerca de 135 000 millones de dólares de
los Estados Unidos. Pese a que beneficia por lo tanto a una fraternidad
criminal relativamente pequeña, el comercio ilegal de recursos naturales
está privando a las economías en desarrollo de miles de millones
de dólares en oportunidades de desarrollo e ingresos perdidos.
El comercio ilegal de fauna y flora silvestres ya no es un problema
emergente. Tanto la escala como la naturaleza del desafío se han
reconocido en decisiones de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de
las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), el
Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General de la ONU,
la INTERPOL, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y otros
organismos, también a nivel nacional. Se han organizado, asimismo,
conferencias políticas de alto nivel para abordar esta cuestión, en
particular las reuniones más recientes celebradas en Botsuana y París
(en diciembre de 2013), Londres (febrero de 2014) y Dar es Salaam
(mayo de 2014). No obstante, las respuestas en términos de impacto
sobre el terreno siguen sin estar a la altura de la escala y el desarrollo
de la amenaza para la fauna y flora silvestres, incluidos los bosques, lo
cual ocurre cada vez más con los objetivos de desarrollo.
Distintas fuentes han calculado que el comercio ilegal de fauna y
flora asciende a un valor comprendido entre 7000 y 23 000 millones
de dólares anuales. Este comercio afecta a todo tipo de especies,
incluidos insectos, reptiles, anfibios, peces y mamíferos. Atañe
tanto a especímenes vivos o muertos como a productos derivados,
que se utilizan con fines farmacéuticos, alimentarios, decorativos,
de medicinas tradicionales o como mascota. La caza y el comercio
ilegales incluyen una gran variedad de taxones tales como gorilas,
chimpancés, elefantes, tigres, rinocerontes, antílopes tibetanos, osos,
corales, aves, pangolines, reptiles, esturiones para caviar negro, y una
amplia variedad de especies comerciales de peces de alta mar y aguas
territoriales. Todos ellos tienen un valor significativo no solo en el
mercado negro, sino que este valor es incluso más elevado para las
economías nacionales siempre que se gestionen de manera sostenible.
El comercio ilegal de fauna y flora silvestres tiene lugar, por su propia
definición, al margen de la gestión y regulación oficial de los gobiernos,
por lo que representa una importante amenaza económica, ambiental
y de seguridad, que ha recibido relativamente poca atención hasta el
momento.
Se calcula que la cifra aproximada de elefantes abatidos en África gira
en torno a entre 20 000 y 25 000 elefantes al año de una población
de entre 420 000 y 650 000. Para el elefante africano de bosque, se
estima que el tamaño de la población ha disminuido aproximadamente
un 62% entre 2002 y 2011. El marfil africano procedente de la caza
furtiva puede representar un valor de venta para el consumidor final
en Asia de entre 165 y 188 millones de dólares de los Estados Unidos
aproximadamente en marfil bruto, al que habría que añadir el marfil
procedente de fuentes asiáticas. En el caso de los rinocerontes, cerca
del 94% de la caza furtiva tiene lugar en Zimbabwe y en Sudáfrica,
que cuentan con las mayores poblaciones que existen en la actualidad.
