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las inversiones de fondos de pensiones. Se ponen a disposición
los fondos para instalar plantaciones que permitan blanquear la
madera ilegal, obtener licencias de modo ilegal o proporcionar
sobornos y, cuando esto se combina con inversiones, corrupción
colusoria y fraude fiscal, además de un bajo riesgo y una gran
demanda, el negocio ilegal resulta ser sumamente rentable, con
beneficios hasta cinco o diez veces superiores a las prácticas le-
gales para todos los interesados. Esto también socava todo ali-
ciente para recurrir a los medios de vida alternativos subvencio-
nados que ya existen en varios países.
Los esfuerzos para frenar el comercio ilícito deben concentrar-
se en aumentar las probabilidades de arrestar a las mafias de la
tala ilegal y sus redes y reducir el flujo de madera de las regiones
con una alta incidencia de ilegalidad mediante la adaptación de
un enfoque de aplicación de la ley multidisciplinario. Asimis-
mo, estos deben acompañarse de incentivos económicos que
disuadan del uso de la madera de esas regiones, así como de
una clasificación de las empresas según la probabilidad de que
participen en prácticas ilegales, de modo que los inversores y
los mercados bursátiles pongan freno a la financiación. Si se
combinan con incentivos económicos, a través de REDD+ y de
oportunidades comerciales a través del CITES y la FLEGT, estas
acciones pueden reducir la deforestación y, en última instancia,
las emisiones de carbono.

Asimismo, es necesario considerar como una prioridad la inves-
tigación del fraude fiscal, la corrupción y el blanqueo, incluido un
aumento considerable de la capacidad de investigación y opera-
ción de las fuerzas nacionales que trabajan con INTERPOL con-
tra las plantaciones, los aserraderos y las empresas madereras.
El Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la
Vida Silvestre (ICCWC), creado recientemente y presidido por
la Secretaría del CITES y formado por INTERPOL, la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el
Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas (OMA),
aporta un compromiso sustancialmente novedoso al intercam-
bio y la coordinación de un esfuerzo internacional generalizado
en la lucha contra los delitos contra la vida silvestre, entre ellos
la tala ilegal.
El ICCWC aúna al conjunto de eslabones de la cadena de aplica-
ción de las leyes: aduanas, policía y justicia. Del mismo modo,
aborda el problema del blanqueo de dinero y es un modelo a
nivel internacional del tipo de cooperación necesario entre las
fuerzas del orden nacionales para combatir de manera más efi-
caz el comercio internacional ilícito de productos madereros.
El coste de la creación de una red internacional eficaz de ca-
pacitación y aplicación de la ley para reducir ampliamente las
emisiones provocadas por la tala ilegal se calcula en torno a los
veinte o treinta millones de dólares estadounidenses al año. En
la actualidad, INTERPOL dirige la respuesta policial de aplica-
ción de la ley a través del proyecto LEAF, pero su éxito depende
del compromiso fuerte, constante y sostenible de los gobiernos,
la sociedad civil y el sector privado.